Más allá de la enérgica demanda para que Cristina Kirchner apueste por la reelección y del discurso disciplinado que ofreció Hugo Moyano en el acto de la avenida 9 de Julio , la CGT reconoció ayer tensiones con el Gobierno a partir del reclamo de la Presidenta para disminuir la conflictividad de las protestas gremiales.
Si bien el mensaje de anteayer de la jefa del Estado se intuyó que era destinado puntualmente a Moyano , los dirigentes más cercanos al camionero no lo tomaron así. Es más, uno de ellos, Omar Plaini, señaló al Gobierno y al sector empresarial como otros actores responsables del estado de crispación.
"Todos tenemos responsabilidades, tanto los empresarios como los trabajadores y el propio Gobierno. La Presidenta resaltó en particular el conflicto petrolero en el Sur", dijo Plaini, en un intento de distanciarse de las exigencias que Cristina Kirchner le había planteado a la CGT.
La jefa del Estado había pedido a los gremios que, en lugar, de apoyar tanto su reelección, deberían ayudarla a evitar la conflictividad social. Y precisó: "Que las cosas puedan resolverse sin necesidad de presiones".
El malestar entre el Gobierno y la central obrera se acentuó por los picos de hostilidad que alcanzó la puja salarial entre el sindicato de camioneros, liderado por Pablo Moyano, y las empresas responsables del abastecimiento de combustible.
En este conflicto, el hijo del líder de la CGT bloqueó la semana pasada refinerías en Buenos Aires y amenazó con un paro nacional en caso de no obtener el aumento solicitado, que finalmente lo consiguió.
Un rosario de episodios que se enlazan como cuentas de un collar ayudaron a generar la tirantez entre la CGT y la Casa Rosada. El caso más reciente es la parálisis legislativa que perciben los gremios acerca del proyecto moyanista de reparto de las ganancias entre los trabajadores.
"A partir del mensaje de la Presidenta todos nos debemos llamar a la racionalidad que necesita cualquier país. Es evidente que hay tironeos cuando la distribución de la riqueza se pone en el centro de la discusión. Estamos en una etapa de equilibrio, por eso les pedimos a los empresarios que cuando tienen que presentarse a discutir una ley como la que presentamos de participación de las ganancias, que lo hagan", reclamó Plaini, diputado nacional y referente del gremio de los canillitas.
Impulsado por el diputado nacional y abogado de la CGT, Héctor Recalde, el proyecto de reparto de las ganancias en las empresas parece estar paralizado en la Cámara baja.
Recalde evitó ayer hablar del tema con LA NACION. Otro dirigente sindical reconoció que Moyano aguarda un gesto presidencial para que se active el tratamiento legislativo de la iniciativa.
Como un desafío al mensaje de la Presidenta, hubo ayer un paro momentáneo de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA). La protesta alteró todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral, y provocó un caos en Aeroparque. Anoche, en la Casa Rosada manifestaron a LA NACION su malestar por la medida de los aeronáuticos, un gremio alineado al moyanismo. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue enfático: "No es el camino", dijo. Además, admitió que existen "algunos conflictos" con la CGT. "A los conflictos hay que plantearlos de otra manera, con otra metodología". añadió.Relación compleja
Hay dos hechos recientes que avivaron aún más las diferencias entre el Gobierno y la CGT: el simbolismo de la ausencia de Cristina Kirchner en el acto del Día del Trabajador y el alejamiento de un hombre de Moyano de la estratégica Administración de Programas Especiales (APE), un organismo estatal que administra el dinero de las obras sociales sindicales y que cuenta con un presupuesto anual de 1100 millones de pesos.
Los dirigentes de la CGT no magnifican el faltazo de la Presienta al acto en la 9 de Julio y se fastidian cuando se deslizan posibles argumentos sobre la actitud presidencial. "Con el Gobierno fueron más los acuerdos que los desacuerdos. Los que tratan de darle una mirada distintas son los multimedios. La Presidenta tiene que gobernar para todos los argentinos y nosotros tenemos que defender los derechos de los trabajadores", sostuvo Julio Piumato en diálogo con Radio Rivadavia.
Sobre el pedido de Cristina Kirchner a los gremios para frenar la conflictividad social, Piumato comentó: "No hay tal presión sindical. Puede ser una apreciación y hay que respetarla". En el moyanismo prevén poner paños fríos a la situación y evitar polémicas con el Gobierno. "Vamos a revisar algunos métodos", reconoció Juan Carlos Schmid, uno de los laderos del camionero.
En tren de disminuir la tensión y enviar gestos pacíficos, Moyano aceleraría el encuentro para esta semana con la cúpula de la Unión Industrial, para exhibirse conciliador e interesado en darle vida al diálogo social.NIEGAN PENSIONES A EX CONSCRIPTOS
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, ratificó ayer que no se les dará ninguna pensión a los ex soldados que ayer acamparon en Avenida de Mayo y 9 de Julio, lo que provocó un caos de tránsito. Los manifestantes que reclamaban el reconocimiento como veteranos de guerra habían sido movilizados a unidades militares pero no intervinieron en Malvinas. "El Gobierno tiene un reconocimiento histórico, moral y económico con los ex combatientes. Pero la pensión sólo corresponde a los 21.000 soldados que estuvieron en combate", dijo Randazzo, al recibirlos en la Casa Rosada.
Si bien el mensaje de anteayer de la jefa del Estado se intuyó que era destinado puntualmente a Moyano , los dirigentes más cercanos al camionero no lo tomaron así. Es más, uno de ellos, Omar Plaini, señaló al Gobierno y al sector empresarial como otros actores responsables del estado de crispación.
"Todos tenemos responsabilidades, tanto los empresarios como los trabajadores y el propio Gobierno. La Presidenta resaltó en particular el conflicto petrolero en el Sur", dijo Plaini, en un intento de distanciarse de las exigencias que Cristina Kirchner le había planteado a la CGT.
La jefa del Estado había pedido a los gremios que, en lugar, de apoyar tanto su reelección, deberían ayudarla a evitar la conflictividad social. Y precisó: "Que las cosas puedan resolverse sin necesidad de presiones".
El malestar entre el Gobierno y la central obrera se acentuó por los picos de hostilidad que alcanzó la puja salarial entre el sindicato de camioneros, liderado por Pablo Moyano, y las empresas responsables del abastecimiento de combustible.
En este conflicto, el hijo del líder de la CGT bloqueó la semana pasada refinerías en Buenos Aires y amenazó con un paro nacional en caso de no obtener el aumento solicitado, que finalmente lo consiguió.
Un rosario de episodios que se enlazan como cuentas de un collar ayudaron a generar la tirantez entre la CGT y la Casa Rosada. El caso más reciente es la parálisis legislativa que perciben los gremios acerca del proyecto moyanista de reparto de las ganancias entre los trabajadores.
"A partir del mensaje de la Presidenta todos nos debemos llamar a la racionalidad que necesita cualquier país. Es evidente que hay tironeos cuando la distribución de la riqueza se pone en el centro de la discusión. Estamos en una etapa de equilibrio, por eso les pedimos a los empresarios que cuando tienen que presentarse a discutir una ley como la que presentamos de participación de las ganancias, que lo hagan", reclamó Plaini, diputado nacional y referente del gremio de los canillitas.
Impulsado por el diputado nacional y abogado de la CGT, Héctor Recalde, el proyecto de reparto de las ganancias en las empresas parece estar paralizado en la Cámara baja.
Recalde evitó ayer hablar del tema con LA NACION. Otro dirigente sindical reconoció que Moyano aguarda un gesto presidencial para que se active el tratamiento legislativo de la iniciativa.
Como un desafío al mensaje de la Presidenta, hubo ayer un paro momentáneo de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA). La protesta alteró todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral, y provocó un caos en Aeroparque. Anoche, en la Casa Rosada manifestaron a LA NACION su malestar por la medida de los aeronáuticos, un gremio alineado al moyanismo. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue enfático: "No es el camino", dijo. Además, admitió que existen "algunos conflictos" con la CGT. "A los conflictos hay que plantearlos de otra manera, con otra metodología". añadió.Relación compleja
Hay dos hechos recientes que avivaron aún más las diferencias entre el Gobierno y la CGT: el simbolismo de la ausencia de Cristina Kirchner en el acto del Día del Trabajador y el alejamiento de un hombre de Moyano de la estratégica Administración de Programas Especiales (APE), un organismo estatal que administra el dinero de las obras sociales sindicales y que cuenta con un presupuesto anual de 1100 millones de pesos.
Los dirigentes de la CGT no magnifican el faltazo de la Presienta al acto en la 9 de Julio y se fastidian cuando se deslizan posibles argumentos sobre la actitud presidencial. "Con el Gobierno fueron más los acuerdos que los desacuerdos. Los que tratan de darle una mirada distintas son los multimedios. La Presidenta tiene que gobernar para todos los argentinos y nosotros tenemos que defender los derechos de los trabajadores", sostuvo Julio Piumato en diálogo con Radio Rivadavia.
Sobre el pedido de Cristina Kirchner a los gremios para frenar la conflictividad social, Piumato comentó: "No hay tal presión sindical. Puede ser una apreciación y hay que respetarla". En el moyanismo prevén poner paños fríos a la situación y evitar polémicas con el Gobierno. "Vamos a revisar algunos métodos", reconoció Juan Carlos Schmid, uno de los laderos del camionero.
En tren de disminuir la tensión y enviar gestos pacíficos, Moyano aceleraría el encuentro para esta semana con la cúpula de la Unión Industrial, para exhibirse conciliador e interesado en darle vida al diálogo social.NIEGAN PENSIONES A EX CONSCRIPTOS
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, ratificó ayer que no se les dará ninguna pensión a los ex soldados que ayer acamparon en Avenida de Mayo y 9 de Julio, lo que provocó un caos de tránsito. Los manifestantes que reclamaban el reconocimiento como veteranos de guerra habían sido movilizados a unidades militares pero no intervinieron en Malvinas. "El Gobierno tiene un reconocimiento histórico, moral y económico con los ex combatientes. Pero la pensión sólo corresponde a los 21.000 soldados que estuvieron en combate", dijo Randazzo, al recibirlos en la Casa Rosada.
Fuente la Naciòn
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